GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA ENFRENTA A PERUANOS CON LEY DEL SERVICIO CIVIL DISCRIMINATORIO
Florencio Bernabé Gonzales(*)
25/07/2013
25/07/2013
El actual gobierno del Presidente Ollanta Humala permite un conflicto social en el país con la recientemente promulgación de Ley del Servicio Civil. Los próximos días serán decisivas pues todos los trabajadores han anunciado sumarse a las movilizaciones durante estas Fiestas Patrias y sus gremios se consolidan.
El tema es complejo, se viene postergando gobierno tras gobierno. Ello ocurrió también cuando promulgaron en 1984 el DL 276, “Ley de Bases de Remuneraciones del sector Público y de la Carrera Administrativa”, pretendiendo ordenar la administración pública desde entonces, aspirando una verdadera carrera pública para los trabajadores de toda la administración del Estado, categorizados por grupos ocupacionales: auxiliares, técnicos, profesionales, directivos y funcionarios, y sus diferentes niveles, teniendo como común denominador una verdadera meritocracia.
El tema es complejo, se viene postergando gobierno tras gobierno. Ello ocurrió también cuando promulgaron en 1984 el DL 276, “Ley de Bases de Remuneraciones del sector Público y de la Carrera Administrativa”, pretendiendo ordenar la administración pública desde entonces, aspirando una verdadera carrera pública para los trabajadores de toda la administración del Estado, categorizados por grupos ocupacionales: auxiliares, técnicos, profesionales, directivos y funcionarios, y sus diferentes niveles, teniendo como común denominador una verdadera meritocracia.
Posteriormente cada gobierno ha promulgado normas de acuerdo a sus intereses, creándose diferentes regímenes de personal, como DL 728, DL 1057, entre otros. En el entendido que administración pública se refiere al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo y Organismos Constitucionales Autónomos.
Por otro lado el Estado peruano es el primer empleador del país, gasta el 27% del presupuesto del sector público en pago de planillas, cuenta con 1 millón 300 mil servidores, distribuido en regímenes de la siguiente manera: 59%, 17%, 16%, 7% y 1% que pertenecen a Carreras Especiales, CAS, 276, 728 y otros, respectivamente, ese mayor porcentaje representa en función a cada actividad coyuntural que cada gobierno implanta, no significa funciones especializadas, como pretende hacer creer Servir.
La nueva ley contiene pocas disposiciones positivas y en mayor proporción son negativas. Por ejemplo, el gobierno ha afirmado que la nueva ley introduce una efectiva meritocracia, que no es novedad, a sabiendas que cada gobierno de turno utiliza la administración estatal para pagar favores a sus ocasionales seguidores.
Construir un Estado moderno demanda uniformizar regímenes laborales, reconocer derechos y aplicable a toda la administración pública sin distingo alguno, ello es una aspiración largamente demandada para construir un Estado moderno capaz de asumir sus grandes retos.
La actual ley viola derechos adquiridos. Por ejemplo, el trabajador tendrá que concursar por el puesto que ocupa, si gana comienza de cero, como un nuevo empleado y ¿dónde queda los años de servicio y los derechos adquiridos?. Asimismo, el recorte del derecho a demandar mejores salarios a través de la negociación colectiva.
Esta ley excluye marcadamente a los de la 276, que perciben un haber básico de S/. 0.05, con derechos conculcados, ahora excluidos, son los que hace más de 30 años vienen soportando cada régimen oportunista. No es verdad cuando ahora plantean que su propósito es establecer un régimen único y exclusivo en el Estado; con objetivos en términos de eficacia, igualdad de oportunidades y meritocracia, lo mismo se vine pretendiendo desde la década del 70, además nadie garantiza su sostenibilidad.
La actual ley viola derechos adquiridos. Por ejemplo, el trabajador tendrá que concursar por el puesto que ocupa, si gana comienza de cero, como un nuevo empleado y ¿dónde queda los años de servicio y los derechos adquiridos?. Asimismo, el recorte del derecho a demandar mejores salarios a través de la negociación colectiva.
Esta ley excluye marcadamente a los de la 276, que perciben un haber básico de S/. 0.05, con derechos conculcados, ahora excluidos, son los que hace más de 30 años vienen soportando cada régimen oportunista. No es verdad cuando ahora plantean que su propósito es establecer un régimen único y exclusivo en el Estado; con objetivos en términos de eficacia, igualdad de oportunidades y meritocracia, lo mismo se vine pretendiendo desde la década del 70, además nadie garantiza su sostenibilidad.
Es otra ley más con trampa, cuando refiere a su ámbito de aplicación, nos alegra cuando sostiene que comprende al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Regiones, Municipios y Organismos Autónomos. Es decir, todo el Estado. Pero en su Disposición Complementaria Final. En ella se contradice todo lo dicho hasta entonces, porque se establecen las excepciones a esta norma.
En primer lugar, la ley no vale para las empresas estatales. Es decir, los trabajadores de Petroperú y otras entidades similares quedan excluidos de sus alcances. También el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, BCR, Aduanas, SBS, Contraloría, Diplomáticos, Policías, miembros de las FFAA, entre otros. Así, medio Estado queda exceptuado de la norma, cuya supuesta finalidad es establecer la meritocracia como régimen único.
No tiene lógica que diplomáticos y uniformados no practiquen la eficacia, igualdad de oportunidades y la meritocracia como pretende esta ley, no pueden disponer de leyes particulares ningún sector de la administración pública, aún sea la naturaleza de su servicio muy especial. La ley misma dice que su ámbito alcanza al Poder Legislativo y al Judicial, sin embargo todos los trabajadores de estos poderes quedan excluidos, incluso de la misma Autoridad del Servicio Civil. ¿Por qué? Inútil buscar una explicación en la norma, porque no dice nada al respecto. Solo enumera excepciones.
Es más, pareciera que toda entidad con poder ha logrado exceptuar a sus trabajadores. Por ello, la lista de quienes sortean sus alcances es la clave de la ley. Si ella fuera buena, a los organismos poderosos les convendría que sus trabajadores queden dentro y no fuera de sus términos.
Esta contradicción es muy escandalosa entre la ley propiamente dicha y su disposición complementaria. Mientras la primera parte es tecnocrática y se puede discutir si se modifica algún artículo y en qué sentido, la disposición complementaria es un abuso de poder, cometido por un sector del Estado en contra del otro. Los perjudicados son los trabajadores de los ministerios y los ganadores son los exceptuados en su Disposición Complementaria.
Esta ley enfrenta peruanos contra peruanos, generará un caos social en adelante. La gente entiende que si todos se ajustan los cinturones, entonces debe aceptarse sin tanto problema. Pero, si a uno le piden que ceda derechos y al vecino lo premian, entonces es seguro que habrá protesta de los perjudicados. Ella nace de la injusticia que el actual régimen pretende implantar.
En primer lugar, la ley no vale para las empresas estatales. Es decir, los trabajadores de Petroperú y otras entidades similares quedan excluidos de sus alcances. También el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, BCR, Aduanas, SBS, Contraloría, Diplomáticos, Policías, miembros de las FFAA, entre otros. Así, medio Estado queda exceptuado de la norma, cuya supuesta finalidad es establecer la meritocracia como régimen único.
No tiene lógica que diplomáticos y uniformados no practiquen la eficacia, igualdad de oportunidades y la meritocracia como pretende esta ley, no pueden disponer de leyes particulares ningún sector de la administración pública, aún sea la naturaleza de su servicio muy especial. La ley misma dice que su ámbito alcanza al Poder Legislativo y al Judicial, sin embargo todos los trabajadores de estos poderes quedan excluidos, incluso de la misma Autoridad del Servicio Civil. ¿Por qué? Inútil buscar una explicación en la norma, porque no dice nada al respecto. Solo enumera excepciones.
Es más, pareciera que toda entidad con poder ha logrado exceptuar a sus trabajadores. Por ello, la lista de quienes sortean sus alcances es la clave de la ley. Si ella fuera buena, a los organismos poderosos les convendría que sus trabajadores queden dentro y no fuera de sus términos.
Esta contradicción es muy escandalosa entre la ley propiamente dicha y su disposición complementaria. Mientras la primera parte es tecnocrática y se puede discutir si se modifica algún artículo y en qué sentido, la disposición complementaria es un abuso de poder, cometido por un sector del Estado en contra del otro. Los perjudicados son los trabajadores de los ministerios y los ganadores son los exceptuados en su Disposición Complementaria.
Esta ley enfrenta peruanos contra peruanos, generará un caos social en adelante. La gente entiende que si todos se ajustan los cinturones, entonces debe aceptarse sin tanto problema. Pero, si a uno le piden que ceda derechos y al vecino lo premian, entonces es seguro que habrá protesta de los perjudicados. Ella nace de la injusticia que el actual régimen pretende implantar.
Dicen con esta ley van ordenar la planilla del Estado, para ello bastaría simplemente un DS, estableciendo una escala única de remuneraciones para todos los regímenes existentes, tanto auxiliares, técnicos, profesionales, directivos y funcionarios realizan las mismas funciones, con una escala única que involucre a todos en el aparato del Estado sin exoneraciones.
El actual gobierno aún puede enmendar esta situación conflictiva, si el espíritu que persigue es la ansiada paz social. Reconociendo derechos y haciéndola realmente universal a toda la administración pública. El Estado debe ser regido por la misma norma en todo su ámbito, debe aplicarse desde el Presidente hasta el último empleado.
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