martes, 5 de diciembre de 2017

PERÚ: FRENANDO LA CORRUPCIÓN

PERUANOS, CONSTRUYAMOS UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, AFIANZANDO LA ETICA PÚBLICA Y LA TRANSPARENCIA


Secretos para impulsar el desarrollo del país


¡BASTA DE CORRUPCIÓN EN PERÚ!

SEGÚN LA CONTRALORIA, SOLO EL 8% SE PUEDE CONTROLAR MIENTRAS QUE EL 92% QUEDA AL LIBRE ALBEDRÍO

¡EN PERÚ: S/. 10 MIL MILLONES AL AÑO PERDIDOS POR CORRUPCIÓN!

¡DURANTE ESTOS ÚLTIMOS 20 AÑOS DE GOBIERNO, MAS DE S/.200 MIL MILLONES DE SOLES
DEJAMOS DE INVERTIR LOS PERUANOS!

¿CUANTO PERJUICIO REPRESENTA AQUELLO?






La ética lleva consigo elementos que los ciudadanos comparten, sea cual sea su creencia religiosa, su relación familiar, su profesión, su oficio; elementos comunes que ayudan a la sociedad a vivir en armonía conforme a principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad a fin de hacer más satisfactoria la convivencia humana”.


Por: Florencio Bernabé Gonzales

CONTENIDO

I.   Introducción
II. Analizando nuestras frustraciones
2.1.   El flagelo de la corrupción
 2.2. ¿por qué el Perú está en último lugar a nivel educativo?
2.3. Desigual distribución de la riqueza
2.4. El deterioro ambiental
III. Alternativas de solución
3.1. La ética pública
3.2. El valor de la transparencia
3.3. La rendición de cuentas
IV. Conclusiones
V. Marco legal
  vi. Referencias



I.                    INTRODUCCIÓN

Un país es desarrollado porque cuenta con una sociedad más justa, donde las leyes se cumplan por igual para todos y ello se logra solo con buenos ciudadanos, con buen gobierno y, un buen gobierno debe manifestar la transparencia, la ética pública y una rendición de cuentas oportuna, clara y precisa; valores éticos estrechamente ligadas que permite construir una cultura del servicio público. Bajo estos criterios lograremos reestructurar nuestras reglas de convivencia, impulsando una educación de calidad, con una administración de justicia más humana, la distribución de la riqueza equitativa y vivir en un ambiente saludable. Tenemos que orientar el mayor esfuerzo en educar y capacitar al ciudadano, desde aquel que se desempeña como autoridad nacional, regional y local, juez, fiscal, maestro, policía y el último servidor en la estructura administrativa. Estamos hastiados repetir que Perú es rico en recursos naturales, pero adolecemos de justicia, la corrupción carcome nuestra sociedad, nuestro sistema democrático peligra, los gobernantes de turno no cumplen lo que prometen, defraudan, nuestro medioambiente cada vez contaminado, para todo ello solo la persona humana tiene la capacidad de revertir y enrumbar hacia el desarrollo sustentable y sostenido. Aquí esbozamos esas pautas, luego de un pequeño análisis de nuestra actual realidad como país.


II.                  ANALIZANDO NUESTRAS FRUSTRACIONES

2.1.             EL FLAGELO DE LA CORRUPCIÓN

Como lo define Alfonso Quiroz, la corrupción es el mal uso del poder político burocrático por parte de camarillas de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones. Es decir, corrupción es el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o grupos, involucra explícitamente el poder y la política, al sector público y al privado y su efecto en políticas, instituciones y en el progreso del país.

A lo largo de nuestra historia, en lugar de ir construyendo un Estado republicano con leyes y marcos normativos adecuados, con funcionarios que hacen cumplir la ley y con ciudadanos que van aprendiendo a sentirse parte de una sociedad incluyente que los considera, a diferencia de esto, se va perfilando y consolidando un Estado sin derecho, en el que las leyes están dadas para no ser cumplidas, y donde las formas patrimoniales del poder se van remodelando y recreando en cada periodo de la historia. La corrupción atenta persistentemente contra el desarrollo nacional y se pierden importantes oportunidades para lograrlo.

El poder en el Perú viene siendo manejado por reducidas élites, compuesta por los mismos personajes, que cada época van cambiando de vestidos. En la elección nacional, regional o local aparecen como parte de los grupos de poder al político chantajista, al militar y policía abusivo y prepotente, al funcionario público ineficiente y oportunista y al empresario interesado en los negocios de plata fácil, lista para hacer fortunas rápidas a cualquier costo. Estos actores son un grupito de beneficiados movidos por el corto plazo y por el inmediatismo en la acción. Se trata de una élite que no piensa en el futuro, en el país que está conduciendo, no es líder.



2.2.             ¿POR QUÉ EL PERÚ ESTÁ EN ÚLTIMO LUGAR A NIVEL EDUCATIVO?

Admiramos la educación que imparten los que ocupan los primeros puestos en la prueba del Programa de Evaluación Internacional de estudiantes, más conocido como PISA, que analiza el nivel educativo de países del mundo. Los informes se emiten cada 3 años, elaborado a partir de pruebas de matemáticas, lengua y ciencias. La prueba mide lo que los estudiantes saben y pueden hacer con sus conocimientos.

El primer puesto lo ocupa Shanghái, la principal ciudad de China, con 613 puntos, 119 puntos por encima del promedio de conocimiento que fija PISA, de 494 puntos.

En segundo lugar se sitúa Singapur (573 puntos), seguido de Hong Kong (561), Taipéi (560), Corea del Sur (554), Macao (538) y Japón (536). Completan la nómina de los diez primeros Liechtenstein (535), Suiza (531) y Holanda (523). El Perú ocupa el último lugar en comprensión de lectura, matemática y ciencias, de un grupo de países de América Latina.

"Todos los gobiernos no han sabido qué hacer con el desarrollo de la economía, ni saben qué tipo de economía necesita el país y, por ende, no saben qué tipo de educación aplicar".

2.3. DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

El Perú es un país multicultural y diverso, con una visión de desarrollo distinto a cualquier otro, donde aparentemente la opinión de la “mayoría es escuchada y de la minoría callada”, el sistema “democrático” inapropiado y los sistemas de administrar, legislar, justicia, educación, salud, administración de personal, jubilación y control deficientes, propensos a la corrupción; una población con un crecimiento desordenado y sin planifi­cación estratégica, ocasionando fuertes problemas de distribución de riqueza. Los datos de los años 1960 al 2017 nos indican que la población peruana se triplico a 32 061 807 (50.1% masculina, 49.9% femenina) esto significa que necesitamos más medios de supervivencia y reordenar nuestras reglas de convivencia.

Recordemos, existen dos grandes corrientes de pensamiento econó­mico casi olvidadas por los economistas modernos. Una de ellas es la de Thomas Malthus, quien sostiene que la población humana crece en progresión geométrica de 2, 4, 8, 16,32; mientras que los medios de subsistencia lo hacen aritméticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6.

La otra es la de los fisiócratas Quesnay y Turgot, quienes señalan que la única riqueza válida es la que produce la tierra. La crisis que se vive hoy nos demuestra que no estaban tan equivocados, pues nos damos cuenta que la salida de la crisis, no es necesariamente por donde todos queremos verla, es hora de entender que el desarrollo no solo es el crecimiento económico demostrado en números, sino más bien es un desarrollo integral y sostenible, en donde el ser humano es más humano y vive en armonía con su entorno.

 

2.3.             EL DETERIORO AMBIENTAL

Un día la población no tendrá recursos suficientes para subsistir y desaparecerá, una situación que aún no ocurrió, puesto que la tecnología permitió producir alimentos en mayor cantidad afectando el equilibrio ecológico, cuyas consecuencias están a la vista, no podemos negar la perdida de suelos fértiles a causa del cambio climático por la contaminación. La contaminación de los ríos y mares, la deforestación de bosques, el uso de la química y sus consecuencias para el tratamiento de la tierra. La revolución industrial creó mucha riqueza independiente de la agricultura.

La crisis económica de hoy no es sólo un pro­blema financiero y bancario, sino una defensa de la na­turaleza contra un nivel de consumo insostenible. Sin lugar a dudas, todo esto llevaría a una gran reflexión sobre la manera de superar el crecimiento poblacional a través de la planificación por parte del estado y la sociedad civil, para que más adelante se reduzcan los conflictos sociales y lograr una distribución de riqueza equitativa; asimismo, que las necesidades básicas estén satisfechas en todos los ámbitos. Hoy existe alimento suficiente para alimentar a toda la población mundial; el factor de lucha es la desigualdad de acceso de la pobla­ción a los mismos”. Entonces llegamos a concluir que no existe exceso de población, sino una distribución desigual de los recursos entre los habitantes.


III.                ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Como una de las propuestas de solución, hay que promocionar la ética en el servicio público que está estrechamente vinculada con la transparencia, la cual debería actuar como elemento revelador del buen funcionamiento del Estado, promoviendo el comportamiento responsable de los servidores públicos. En este sentido, la ética pública adquiere dimensiones relevantes al construir una cultura de servicio público, haciendo de la transparencia una herramienta esencial en dicho proceso. No es posible hoy hablar de un gobierno transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por parte de quienes laboran en la gestión pública.

3.1.             LA ÉTICA PÚBLICA

La ética, la moral o las buenas costumbres proyectan al ser humano hacia una finalidad, dándole a su vida sentido y calidad. Por lo tanto, las normas a las que hace referencia la ética apuntan a su valor fundamental: lo bueno y lo justo, cuando se aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común. La ética de la función pública, es un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. Factor clave para elevar la calidad de la administración Pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e integra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos.


Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público se denomina Ética Pública, permite al servidor público un conocimiento que lo lleva a actuar de una determinada manera en cada situación, ofreciendo auxilio con respecto a la elección de las diversas situaciones que son convenientes o no para la colectividad. Establece los criterios que debe tener en cuenta todo servidor público para llevar a cabo sus funciones con el fin de lograr un bien para la comunidad.

Los gobiernos que quieran ser considerados como justos deben tener individuos íntegros, y es justamente aquí donde entra la ética al tener en sus manos la selección y formación de servidores públicos que actúen con responsabilidad y eficiencia.

La ética permite establecer la justicia o injusticia de las acciones humanas, elevando así la cultura política de un pueblo o Estado. Cuando un servidor público adopta estos elementos como principios de vida se ubica más allá del poder y no se deja llevar por los apasionamientos, realizando buenas obras para con su comunidad.

Se debe educar en la honradez y en la probidad a todos los ciudadanos y, en especial, a los que operan en el ámbito público, a fin de lograr una mayor eficiencia en las operaciones de la función pública. Al mismo tiempo se devolverá confianza a los ciudadanos, de tal modo que estos puedan confiar en las instituciones.

La administración publica es responsable de los servicios que brinda: salud, educación, vivienda, transporte, alumbrado publico, alcantarillado, asistencia social, mercados, espectáculos públicos, seguridad publica, protección civil, parques y jardines, turismo, acciones culturales, recolección de basura, etc. Para lo cual debe tener en cuenta los siguientes principios: continuidad, suficiencia, rapidez, seguridad, economía, calidad, innovación, eficiencia, con el objeto de hacer de los servicios públicos “instrumentos satisfactores de la sociedad”. Un buen desempeño en la prestación del servicio publico, con calidad y eficiencia, ayudara a recuperar la credibilidad y el reconocimiento perdidos por parte de la ciudadanía.

 

3.2.             EL VALOR DE LA TRANSPARENCIA

La transparencia es otro de los valores éticos que toda autoridad o servidor público deben aplicar en el ejercicio de su función, de ahí la necesidad de detenernos en su análisis y en su confrontación con otros conceptos tales como el derecho a la información, el acceso a la información y la rendición de cuentas con los que la transparencia convive y se interrelaciona diariamente en la labor pública.

La transparencia en el gobierno, además de un valor, es un mecanismo fundamental de exigibilidad pública y de responsabilidad para con la sociedad.

Por consiguiente, se puede afirmar que la transparencia es un atributo o cualidad que permite tener más información clara y precisa sobre una persona o algo, lo que redundaría en el aumento de nuestras capacidades de comprensión, vigilancia y comunicación, quiere decir, que la transparencia facilita el acto comunicativo y una relación más comprensiva entre los seres humanos, al tiempo que permite ejercer vigilancia. Si se concibe la transparencia como una política pública, se extiende su zona de influencia hacia los organismos gubernamentales en los que se manifestaría como un conjunto de decisiones y acciones del gobierno que tendrían por objeto dar a los ciudadanos (y a los propios funcionarios) información clara, precisa, accesible y abundante sobre diferentes dimensiones del desempeño gubernamental, de este modo, público y gobierno salen beneficiados porque al hacer pública la información se promueve un mecanismo de rendición de cuentas con lo que es posible determinar los errores, prevenirlos o corregirlos.

Si bien es cierto que la transparencia es un derecho ciudadano, democrático por excelencia, no es una «condición natural» de las organizaciones gubernamentales. Es algo que se tiene que elaborar, construir, implementar a largo plazo y que debe atender a diversos objetivos en relación a las instituciones estatales: legales, reglamentarios, políticos, organizacionales, educativos y culturales. La transparencia se ha vuelto necesaria para el ejercicio de un buen gobierno -en el cual exista disposición y clasificación adecuada, actualización, calidad, claridad y utilidad de la información- que se encuentra sujeto a la vigilancia y al escrutinio de la sociedad en su conjunto.

En el ámbito del derecho a la información, la transparencia es la obligación que tienen los servidores públicos para proporcionar a toda persona interesada en los actos del gobierno, de manera clara y expedita, la información que se deriva de las funciones que desempeñan.

De ahí que la transparencia sea el eje fundamental de la democracia. Su exigencia en el mundo contemporáneo tiene raíces profundas en el espíritu humano dado que desde tiempos inmemoriales la búsqueda de la verdad aparece como una urgencia del ser humano, sólo que en este caso se aplica a los asuntos de interés público.

3.3.             LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El término rendición de cuentas, está muy vinculado con la idea de controlar al poder, de prevenir y evitar sus abusos, de limitarlo a ciertas normas y reglas de conducta.

Así como un empleado rinde cuentas a su jefe, la autoridad pública rinde cuentas a la comunidad, es decir que un buen gobierno rinde cuentas explicando sus acciones.

Rendición de cuentas encierra dos dimensiones básicas. «Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público. Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos». Los gobernantes deben estar abiertos a la inspección pública, deben poder explicar y justificar sus actos, y si incurren en faltas o ilegalidades, deben sujetarse a las sanciones correspondientes. De este modo, la rendición de cuentas se transforma en un diálogo crítico entre funcionarios y ciudadanos, es un puente de comunicación permanente que se establece entre las autoridades y la sociedad. «Su misión está en reducir las incertidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su ejercicio, mantenerlo dentro de ciertas normas y procedimientos preestablecidos».


La rendición de cuentas incluye tres maneras distintas para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones. Es decir: vigilancia, monitoreo, auditoria, fiscalización, penalización, coacción, castigo, entre otros, así controlar el ejercicio del poder. De este modo, queda claro que la rendición de cuentas es un elemento imprescindible de la democracia, dado que se opone totalmente a cualquier régimen autoritario. Sus dos dimensiones: la transparencia de hechos y de razones, ponen de manifiesto su aspiración en la lucha contra la opacidad del poder.

El gobierno democrático rinde cuentas cuando explica o justifica sus acciones a los ciudadanos. Es transparente cuando exhibe u ofrece información sobre su funcionamiento y es sujeto de escrutinio público. Con la rendición de cuentas nos aseguramos que las autoridades se responsabilicen ante alguien de sus actos. Con la transparencia exigimos a los funcionarios que actúen de acuerdo con la ley y de modo ético. Con la rendición de cuentas el agente (es decir, el empleado) se justifica ante su principal (es decir, el jefe), y con la transparencia el principal puede averiguar si su agente le está mintiendo.

En un gobierno democrático, la información es el elemento fundamental que posibilita el debate público entre los que exigen y los que rinden cuentas. Para el servidor público no es posible hoy hablar de un gobierno transparente sin requerir la rendición de cuentas clara y precisa por parte de quienes laboran en la gestión pública. Así, la rendición de cuentas se presenta como un verdadero principio de «eficiencia administrativa».

 

IV.                CONCLUSIONES

La democracia requiere que lo gubernamental sea transparente, con lo que queremos decir que la información que debe estar a disposición de los ciudadanos es aquella que posibilita la evaluación del desempeño real del gobierno y sus representantes, a los que se debe exigir la rendición de cuentas para evaluar positiva o negativamente sus acciones. Si hay transparencia, surgen rumbos alternativos, el cuestionamiento, mayor apego a la ley y, en especial, mayor cuidado en todo aquello que el gobierno dice y hace.
La difusión de los actos de gobierno no es una concesión de los mismos sino, más bien, un derecho legítimo de la sociedad de conocer y evaluar el desempeño de sus servidores públicos, quienes manejan recursos públicos, por lo tanto, estamos hablando de una obligación ineludible del poder político. La transparencia debe ser respetada y reconocida por todos, debe transformarse en parte sustancial de todo gobierno.
Es necesario fomentar una educación de la ética pública que promueva los valores del servicio público, la legislación pertinente, normas, códigos y mecanismos de exigibilidad, programas continuos que creen sensibilidad hacia las cuestiones éticas y técnicas para aplicar juicios éticos, porque un servidor público satisfecho, competente y debidamente formado es más seguro a la hora de resistir la corrupción, la conducta indebida y los arreglos.

V.                  MARCO LEGAL

  • ·     Constitución Política del Perú de 1993 (artículos 2, numeral 5 y 200, numeral 3).
  • ·     Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (o Decreto Supremo 043- 2003-PCM) que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27806).
  • ·     Decreto Supremo 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 27806.
  • ·     Decreto Supremo 063-2010-PCM, que aprueba la implementación del Portal de Transparencia  Estándar en las entidades de la administración pública.
  • ·     Resolución Ministerial 200-2010-PCM, que aprueba la Directiva 001-2010- PCM/SGP              “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la  administración pública”.
  • ·     Resolución Ministerial 301-2009-PCM, que aprueban la Directiva Nº 003-2009- PCM/SGP       “Lineamientos para el reporte de solicitudes de Acceso a la Información a ser remitidos a la         Presidencia del Consejo de Ministros”.


VI.                REFERENCIAS

  • ·      “Historia de la Corrupción en el Perú”.- Alfonso Quiroz
  • ·      El servicio público como profesión: elementos para promover la Ética y la Cultura de la Legalidad en el ámbito gubernamental.- Octavio E. Arroyo Zavala
  • ·      Ética pública y transparencia.- Hilda Naessens - Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de México- Toluca-México
  • ·     Eduardo, Guerrero Gutiérrez, Para entender la transparencia, Nostra Ediciones, China, 2008.


viernes, 13 de octubre de 2017

RECUERDOS ANDINOS




AMOR NO CORRESPONDIDO







Por: Jawuacholo

FLORES DE MI WAYCHIQUIN

Tus encantos me cautivaron
tu mirada dulce me cautivo
ensueños de amor me ofreciste
dulces momentos compartimos

Cultive flores en mi jardín
claveles, azucenas y rosas
se parecen a tu belleza
todos los días eche agua

Flores de mi Waychiquin
adornaban mi huerto andino
la fragancia de esas flores
alimentaron mi alma dolido.

Hoy vuelve mis pasos
recorrer tus caminos polvorientos
llevando a cuestas en mi alforja
recuerdos de corazones afligidos















jueves, 31 de agosto de 2017

¿LA EDUCACIÓN PUBLICA O PRIVADA?




Perú: La justa causa de los maestros






La lucha del magisterio peruano -y su prolongación luego de las tratativas frustradas del fin de semana- obligan a mirar las cosas con la mayor objetividad. Y exigen el más alto sentido de comprensión hacia una causa –la del magisterio peruano- que es usada por unos, y vilipendiada por otros. Urge, a la luz del conflicto de hoy, resumir algunos conceptos centrales.
1.- La legalidad de la huelga magisterial.

El Gobierno ha resuelto declarar “ilegal” la huelga magisterial. En contraste, cabe preguntarse cuántas huelgas han sido declaradas “legales” por la administración actual. Ciertamente que ninguna. No es que todas las otras hayan sido consideradas reamente “ilegales”, sino que las autoridades buscan usar el término hoy, para desarrollar acciones punitivas contra los docentes: Descontar salarios, y despedir profesores.
Lo primero, ha ocurrido antes. En las huelgas históricas contra Morales Bermúdez -en la segunda parte de los años 80 del siglo pasado- nunca fueron pagados los salarios de los maestros, muchos fuimos subrogados primero, y trasladados irregularmente después en el empeño de quebrar la lucha sindical de entonces. Pero esos fueron años –como se suele decir ahora- de “dictadura militar”, en los que los procedimientos legales resultados avasallados por un régimen que, adicionalmente, autorizó el despido masivo de dirigentes sindicales de todas las áreas productivas, con motivo del Paro Nacional del 19 de Julio de 1977.
En otros conflictos, eso no ocurrió. Suspendida, o levantada, la huelga. todos los Trabajadores de la Educación volvieron a sus aulas, y continuaron sus tareas bajo un compromiso que se cumplió en todos los casos: recuperar las horas de clase no dictadas. Hoy se habla de prolongar hasta enero el año escolar “para que los alumnos no se perjudiquen”, pero ¿quién dictará esas clases? ¿No serán acaso los maestros que hoy están en huelga? Si les pagan entonces, no habrá ninguna “irregularidad” en el tema.
2.- La Representatividad legal.

Sobre todo algunas conductoras de programas de la TV han puesto énfasis en subrayar que esta huelga “carece de legitimidad” porque es convocada por un organismo “legalmente no reconocido”. Esto, por cierto, basadas en el hecho que no es la dirección nacional del SUTEP la convocante de la acción, sino el CONARE, un organismo “no reconocido”. Esa idea ha sustentado otra: “no se puede dialogar con un organismo que legalmente no existe”.
Las huelgas responden a la voluntad de los trabajadores. Y sus organizaciones representativas –que las decretan- nunca fueron reconocidas desde un inicio. Al contrario, fueron legalizadas como consecuencia de duras luchas sociales. La misma CGTP, refundada en junio de 1968, fue reconocida legalmente sólo en enero de 1971. Sus acciones de lucha anteriores, y su participación activa en las movilizaciones laborales de entonces, ¿fueron ilegales?. Por cierto que no. Fueron admitidas al margen de un debate formal, como realidades objetivas; y las autoridades debieron discutir y tratar con los representantes de los trabajadores, independientemente de su inscripción, o no, en los registros formales.
Muchas veces, la inscripción, o el reconocimiento de estructuras sindicales, fue posterior a duras luchas libradas por los trabajadores en todos los niveles. Los ejemplos abundan.
3.- Los “sesenta días de conflicto”

Una huelga magisterial que dure “sesenta días” -se ha dicho- hará que los niños pierdan inexorablemente al año escolar. Y esto, afectará a “los más pobres”, que estudian en los establecimientos del Estado. Aquí hay falsedades, pero también mensajes.
Los maestros del Cusco fueron los que iniciaron su huelga el 17 de junio de este año. Pero la levantaron. Y ahora están trabajando. En otros lugares de país, la huelga se inició más tarde, y de manera escalonada. Hoy los huelguistas más antiguos” cumplen 38 días, pero otros apenas tienen un par de semanas. Lo que ocurre, es que el conflicto se ha extendido por la inopia del gobierno, y no por culpa de los sindicatos. De eso, hay que ser conscientes.
Por lo demás, el “mensaje” es claro: Hay que matricular a los niños en los colegios privados. Así no se perjudicaran “ por las huelgas de los maestros.
4.- El “diálogo”.

Todos coinciden en señalar que en el Diálogo está la solución del problema. Lo que ocurre es que objetivamente el gobierno no quiere dialogar. Puede entenderse que, en otros países, o en otros escenarios, haya sido preciso –y hasta útil– “dialogar” a través de intermediarios o en “cuartos separados”. Pero en el Perú nunca ha ocurrido eso. Y mucho menos en materia de conflictos laborales. El Trato Directo, la Junta de Conciliación o el abordaje del tema por las altas autoridades del sector, ha sido siempre una práctica. En los años de Velasco Alvarado, el general Sala Orosco –ministro de Trabajo- recibía a los trabajadores en huelga y a los empresarios, y resolvía “cara a cara” los conflictos sociales. Incluso, Juan Velasco recibió a los maestros con Horacio Zevallos al frente, aunque el SUTEP no estaba legalmente reconocido.
Que PPK se haya reunido con quienes no estàn en huelga para que se comprometan a levantar una huelga que no hacen, raya en lo patético. Pero que, adicionalmente, la Ministra de Educación no quiera tratar con los dirigentes de la huelga magisterial, linda ya en el extremo del ridículo.
5.- La Evaluación.

Se ha dicho hasta la saciedad que los maestros “rechazan la evaluación“. Habría que decir, en primer lugar, que esa evaluación no se justifica. ¿Alguien “evalúa” a los Médicos, a los ingenieros, o a los economistas, cuando ejercen su profesión? Los Maestros -como todos los otros profesionales- reciben una formación académica que los faculta para ejercer la docencia. Pueden ser capacitados -o recibir cursos de perfeccionamiento para su función- pero aprueban esos cursos. No tienen que someterse a ninguna “evaluación” adicional. Ella, sin embargo, se ha “institucionalizado”.
Cabe preguntarse si un medico es inhabilitado para ejercer su profesión si no cura a los enfermos que trata; si un abogado pierde su carrera porque no gana tres juicios consecutivos; si un Juez se va a su casa porque no resuelve tres casos pendientes; o si un Fiscal es destituido porque no abre instrucción contra ciertos acusados. ¿Por qué entonces se quiere inhabilitar a un maestro? Si el Estado lo formó insuficientemente, debe suplir esa deficiencia y formarlo bien. Por lo demás es ridículo ponerse en el extremo de lo que pasa si los maestros “no aprueban tres veces su evaluación”. Eso podría ocurrir en un caso, o en dos; pero miles de maestros no sólo que no necesitan ser evaluados, sino que hasta podrían darse el lujo de evaluar a funcionarios del Ministerio de Educación que no distinguen entre San Martín y Bolívar, ni saben quién proclamó la a Independencia del Perú en 1821.
Temas como otros podrían ser simples paparruchadas –como aquello que la “huelga es política”. Pero todos deben ser enfrentados con claridad y firmeza. La justa causa de los Maestros, habrá de vencer.

Fuente:
Gustavo Espinoza M.

Gustavo Espinoza M.  Miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.pe
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