Recuayino Presidente de Comunidad de Chiquián

¡Qué irónico!

CHIQUIAN Y RECUAY PUEBLOS HERMANOS EN COFLICTO LIMITROFE POR TIERRAS COMUNALES EN

LA PAMPA DE LAMPAS

 Laguna de Conococha origen del Río Santa

Pampa de Lampas - Límite de las provincias de Bolognesi y Recuay en Ancash

Florencio Bernabé Gonzales (*)

Chiquián, 12-09-11



“Volverán las oscuras golondrinas a colgar su nido del balcón..., pero ya no volverán los toros que se llevaron los recuayinos de la Pampa de Lampas...”, solía declamar el profesor Roque del curso de literatura en mis tiempos de colegial, cada vez que evocaba con nostalgia la pérdida de vacunos de los chiquianos en esta zona.


Quizás, también Antonio Raymondi en su recorrido por el Callejón de Huaylas al llegar a Recuay parafraseara ”Recuay ladronera...”. Por aquellos años mi señor padre de raíces recuayinos protestaba al escuchar estas expresiones. También estos lugares fueron escenarios propicios para los ”Montoneros”, los ”abigeatos” y el “bandolerismo”, como la protagonizada por el bandolero Luis Pardo, hoy, incongruente y absurdamente se le rinde culto por haber estado fuera de ley.


La Pampa de Lampas, es una planicie o meseta que se extiende de sur a norte en el límite de las provincias de Bolognesi y Recuay en la parte sur de Ancash, cuya altura oscila entre los 4,500 y 4,800 msnm, “rica extensión de pastos naturales, estaba sujeta a la propiedad privada (1929). Por un lado los señores Icasa y por el otro lado los señores Ramos, se disputaban su hegemonía. Los feudatarios y yanaconas que se permitían apacentar sus ganados eran víctimas de los hacendados que junto a sus manadas entrompaban a los pobres indios...”, luego alterada por la reforma agraria. Aquí también se ubica la Laguna Conococha naciente del río Santa, últimamente todo Ancash se levanto en contra de las concesiones mineras ubicados en estos bofedales cabecera de cuenca.


Hoy, al recorrer la Pampa de Lampas sólo se observa edificaciones de campamentos mineros a ambos lado de la carretera que se dirigen tanto a Chiquián como a Huaraz, cuyos lechos de sus ríos transformadas en cantera de agregados; negocio apetecible de estos tiempos por el bum de construcciones de obras de infraestructura de los alcaldes de esta región; cables de alta tensión se extienden cual telarañas, ruido de los vehículos durante las 24 horas en sus carreteras asfaltadas de alto transito y pesado, cuyas emisiones del CO2 y otros gases se han incrementado últimamente, aparte de los efectos del cambio climático; antaño rebaños de pastores por doquier en casi toda la meseta, sólo queda en el recuerdo, tal como poetiza con nostalgia nuestro entrañable amigo Nalo Alvarado; con pequeñas cantidades de ovejas empobrecidos pastores aún se niegan abandonar esta zona que ecológicamente viene siendo destruida inmisericorde y aceleradamente, a la que se suma el conflicto “limítrofe” ya no de campesinos, sino de pueblos obnubilados por el aprovechamiento económico de los pocos recursos que queda en esta puna.


Cuando el 15 de diciembre del 2005, el suscrito acudió al local Guadalupano – Lima, invitado a una reunión organizada por un grupo de ciudadanos relacionados con los intereses de la comunidad de Chiquián, asistían también hijos de otros pueblos, había buena concurrencia. En aquella cita, estoicamente escuchaba cada intervención de los expositores, “...las comunidades campesinas son el cáncer del desarrollo...”, decía un orador, “si por mi fuera a todos los pondría en fila y los fusilaría...”, insinuaba otro, “la minería es la solución para el progreso de los pueblos a la que se oponen los ignorantes comuneros...”, intervenía otro experto en “proyectos de desarrollo”. Posteriormente Alan García les calificaría como “perros del hortelano”. Ante tanta expresión de todo calibre en contra de comunidades campesinas, mi persona solicita intervenir, sólo para mostrarles que justamente aquel 15/12/05, aparecía publicado en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial Nº 0908-2005-AG y RM Nº 0909-2005-AG, ambas del 14.12.05/, reconociendo la creación de las Áreas de Conservación Privada (ACP): “Pacllón” y “Huayllapa” respectivamente, para manejar y administrar por las propias comunidades campesinas como área protegida, ello genero la reacción de la audiencia, sumido en incredulidad, luego solo atine reflexionar ante la audiencia que “estas resoluciones eran resultado del trabajo y obra de comunidades campesinas bien organizadas en la búsqueda del auténtico desarrollo sostenido y al mismo tiempo un compromiso para preservar la biodiversidad y el ecosistema de la Cordillera Huayhuash...”, hoy estas comunidades vienen administrando en forma exitosa, superando mil dificultades. A la fecha en la Cordillera Huayhuash existen 4 ACP y a nivel nacional suman más de 30 comunidades reconocidos como ACP, nueva experiencia en la búsqueda del ansiado desarrollo comunal.


Por otro lado, como se recuerda según la Constitución de 1979 los recursos naturales fueron patrimonio exclusivo de la Nación y pertenecían al Estado; a partir de 1993 éstos pueden otorgarse a particulares en título para su uso sin mayores restricciones. Se ha impuesto un régimen económico en donde las prioridades de desarrollo no existen y, más aún, las posibilidades de planificación han desaparecido en provecho de la creencia en las ventajas del mercado como asignador exclusivo de recursos, lo que desemboca en el abandono de la prioridad otorgada anteriormente al sector agrario.


Es curioso y paradójico cómo la Constitución de 1993 manifiesta un trato dual a las comunidades campesinas con respecto a sus tierras. Por un lado señala la autonomía en cuanto "al uso y la libre disposición de sus tierras", como al carácter imprescriptible de la propiedad de las tierras comunales, pero plantea inmediatamente la excepción de que ello no funciona en el caso de "las tierras abandonadas según previsión legal(que)pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta" (Art. 88º de la Constitución 1993) puesto que "La propiedad de su tierras (de las comunidades campesinas) es imprescriptible, salvo el caso de abandono previsto en el artículo anterior" (Art. 89. Constitución 1993). Lo que no es obstáculo, según los legisladores, para establecer a renglón seguido que "El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas". (Art. 89. Constitución 1993).


Además, al margen de la problemática de los derechos de propiedad de sus territorios y la gestión comunal de los recursos naturales, las comunidades campesinas posibilitan la reproducción social, cultural y económica de un amplio sector de la población peruana. Albergan alrededor de dos y medio millones de personas (37% de la población rural del Perú), juegan un papel económico importante como abastecedoras de alimentos para el mercado interno, y son guardianas naturales de nuestra gran diversidad biológica y cultural y defensores del medio ambiente. La mayor parte de ellas se encuentra en las regiones montañosas y más pobres del país.


A lo largo del tiempo, especialistas de instituciones públicas y privadas han variado sus percepciones sobre el rol de las comunidades campesinas y, por lo mismo, éstas han sido objeto de políticas y acciones muy diversas y sin resultados.


Por ello sostenemos, a las comunidades hay que capacitarlos, modernizarlos en gestión, pero a su vez afianzar su identidad, sin olvidar que son los últimos reductos sociales de nuestra patria que almacenan en su memoria cultura y tecnología del Tahuantinsuyo, nuestro glorioso pasado, como digiera Arguedas “las comunidades campesinas son la esencia de la cultura andina en el Perú...”, a la que podemos agregar que sin ellos, nuestra biodiversidad no alcanzaría el prestigio de la que hoy goza por el potencial gastronómico en las mesas del mundo, justamente provenientes de nuestro variado piso ecológico, hábitat natural de estas comunidades.


Ayer, reunidos en Chiquián con dirigentes de comunidades campesinas circundantes a la Cordillera Huayhuash, convocados para el “Ordenamiento Territorial”, confirmamos que el tema comunal saca chispas en Chiquián, “ni me hables ese tema”, dicen unos, “dirigido por una tira de rateros dicen otros”, “la comunidad está dividida” confirman muchos; la verdad, sí existe división a la que se suma el conflicto limítrofe, a su vez, el presidente comunal es un recuayino, desde hace dos periodos, este señor no es chiquiano ni vive en Chiquian, hay preguntas sin respuesta que todo el mundo se hace, ¿Quienes son comuneros en este pueblo?, ¿Cualquiera puede ser comunero, no interesa de donde provenga?, ¿El estatuto comunal así lo permite?, ¿Por qué se descuidaron en delimitar sus linderos comunales?, ¿De que sirve estar en la capital de la provincia, sede de las autoridades provinciales? , entre otras preguntas.


"Cuando el dinero habla, la verdad calla”, dice el dicho popular. Este conflicto se agudiza más por el flujo de dinero circulante con el negociado de los agregados del lecho de los ríos de esta zona y otras prebendas, que malos dirigentes han sabido capitalizar envenenando la conciencia de comuneros, el mismo que se profundiza por la indiferencia de los ciudadanos que han visto y siguen viendo que las comunidades sólo son antro de ladrones y corruptos. Se olvidan que la occidentalización “sigue degenerando y debilitando el arte y la sabiduría de nuestras comunidades, pueblo al que se consideraba degenerado, debilitado o “extraño” e “impenetrable”, pero que, en realidad, es un gran pueblo, oprimido por el desprecio social, la dominación política y la explotación económica en el propio suelo donde realizó hazañas por las que la historia lo consideró como gran pueblo: se había convertido en una nación acorralada, aislada para ser mejor y más fácilmente administrada y sobre la cual sólo los acorraladores hablaban mirándola a distancia y con repugnancia o curiosidad”, reflexionaba Arguedas.


Quizás discrepe con algunos, pero quienes provenimos de padres campesinos, nacidos en comunidades campesinas, luego emigrados por razones personales: estudio o trabajo, o ambas a la vez, entendemos apropiadamente la idiosincrasia de estos pueblos, muchos de ellos abandonados a su suerte por sus propios hijos, o en el peor de los casos, cada vez que acuden sólo para criticarlos y cuestionarlos, pero casi nunca aportan, otros incluso sienten vergüenza de su condición de ser descendiente de campesinos o comuneros. El peruano por naturaleza rechaza su condición natural, tiende mayor identificación con lo extranjero.


Es curioso y paradójico, como en muchos lugares de nuestro país, acaba de finalizar la fiesta Patronal más pomposa que cualquier chiquiano haya disfrutado, pero este pueblo todavía no resuelve los problemas básicos y elementales. Como provincia de Bolognesi desde 1903, ya debió existir una delimitación finiquitada con su semejante de Recuay en la Pampa de Lampas y pueblos vecinos.


A continuación exponemos sobre las ventajas del régimen comunal, recordando que desde el punto de vista estrictamente económico, si bien no es posible establecer reglas generales sobre la eficiencia del libre mercado de tierras frente a los sistemas asociativos de tenencia, o viceversa, - por la pluralidad de situaciones económicas y ecológicas en el contexto andino, entre otros factores- es necesario anotar algunas características en apoyo de las ventajas del régimen comunal:


a) El sistema comunal es un aparato institucional, un conjunto de relaciones sociales, de costumbres productivas, de obligaciones y derechos preferenciales y pautados. Con ello se pueden asumir costos productivos agrícolas que con un régimen privado y libre y exclusivamente en base a las reglas del mercado que serían muy altos para el productor agrícola considerado como propietario individual. En general en la agricultura, pero particularmente en el medio andino con sus altas variabilidades respecto a clima, temperatura, altitud, relieve, disponibilidad hídrica, calidad de suelos, entre otros factores, es altamente difícil pero no imposible la habilitación de tierras, el mantenimiento de canales de riego, el control del ganado, el cultivo de laderas, la previsión o respuesta a desastres naturales, el almacenamiento de productos, etc.). Precisamente la respuesta campesina al "reto del espacio andino" culturalmente fue la instauración de una economía altamente intensiva en el uso de mano de obra, la construcción de obras de infraestructura agraria de alcance regional e intervalles o cuencas, la conversión de la acción comunal y recíproca en fuerza productiva.


b) Son muy frecuentes en el medio comunal los conflictos por tierras tanto al interior como entre comunidades, más aún cuando se han desarrollado los procesos de privatización informal de tierras a que hemos hecho referencia. Hay que decir que son las comunidades mismas, más aún si se les confiere y amplia sus atribuciones políticas, asumiendo labores de municipio o reconociéndoles capacidad jurisdiccional, y como instituciones más directamente ligadas a los eventuales conflictos sin ningún tipo de intermediación las que están en mejores condiciones de ofrecer mayor seguridad de la posesión individual de las tierras probablemente con mayor eficiencia y seguramente a menos costo que la protección estatal.


c) La propiedad rural andina es diversificada, dispersa y altamente fragmentada. Por ello mismo diversos estudiosos han considerado que la titulación predial agraria de tierras comunales constituye una salida directa menos costosa y más eficiente que la implementación a corto plazo de un catastro rural individualizado .


d) El régimen comunal de propiedad y tenencia (que coexiste con la tenencia familiar e individual) contiene procedimientos y reglas productivas y tecnológicas que constituyen adaptaciones eficientes a las condiciones ecológicas y económicas que rodean el medio campesino andino serrano: uso vertical múltiple de pisos ecológicos, manejo de pluralidad de ciclos productivos paralelos, utilización de redes de cooperación ampliada en el manejo de la mano de obra y coexistencia de relaciones de reciprocidad y competencia.


En ese marco, si bien es posible afirmar la mayor eficiencia de la propiedad comunal en el contexto andino, también hay que señalar, dado el contexto en donde el nuevo factor contemporáneo articulador preponderante parece ser el mercado, que los procesos privatizadores -al interior y complementariamente al régimen comunal y no en su desmedro- no son ajenos a la historia andina contemporánea, más aún son parte de las expectativas de los propios comuneros en sus esfuerzos de adaptación a las imposiciones del mercado.


Por ello nos inclinamos a pensar que si bien resulta posible y bastante coherente afirmar legalmente la autonomía de los campesinos para disponer de sus propios recursos y tierras -superando un régimen de proteccionismo absoluto- es imprescindible precisar que ello no debe ir en desmedro de los propios productores agrarios. Ello supone que se disponga la limitación de las transacciones de tierras a sólo del interior del propio régimen comunal, asegurando la utilización agropecuaria de la tierra e impidiendo la apropiación de la tierra sin el requisito de trabajarla y negando la utilización especulativa de tierras y aguas.


Por cierto esto solo tiene sentido si se cuenta con medidas de contexto que signifiquen la responsabilidad del Estado en el desarrollo agrario siempre postergado que no puede ser concebido, como quiere el neoliberalismo, exclusivamente en base a la iniciativa privada sino, en el caso agrario, promoviendo y apoyando las prácticas y tradiciones colectivas y de interacción recíproca -que los andinos de hoy coincidentemente no las contraponen a las conductas competitivas- y que están demostrando particular eficiencia tanto en la supervivencia en tiempos de crisis como en la construcción de una vasta red de relaciones sociales, culturales y económicas que vienen configurando la nueva sociedad peruana. En ese contexto la comunidad campesina y lo andino pueden tener mucho que aportar.


Durante el régimen del fujimorismo, el saneamiento físico – legal de tierras comunales se aceleró, naturalmente ello tiene su proceso, el Estado peruano en su intento de identificar territorios eriazos para luego enajenarlos para el usufructo de terceros, como con el engañoso PETT o COFOPRI, identificando tierras eriazas, como ocurrió en Puno y otros lugares para venderlos a transnacionales (chilenos) como único propósito.


Finalmente a manera de reflexión, el problema limítrofe entre Chiquián y Catac, pueblos hermanos no debe heredarse a las futuras generaciones, hoy debe buscarse una solución pacifica, utilizar el único mecanismo que tenemos como sociedad civilizada, el dialogo, luego se identificaran a los responsables para sancionarlos ejemplarmente; las autoridades, dirigentes: comunales, distritales, provinciales y regionales son los encargados de encontrar solución, apoyado por organizaciones de la sociedad civil, profesionales competentes en estos temas y ciudadanos conocedores que aporten propuestas y alternativas de solución. ¡Basta de echar leña al fuego!.



(*)Presidente de APPU-HUAYHUASH

Asociación Peruana de Protección,
Defensa y Desarrollo de la
Cordillera Huayhuash.